El presidente de CNAE ha comparecido ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados para alertar sobre la grave situación que atraviesan las autoescuelas en España debido a la escasez de personal en las Jefaturas Provinciales de Tráfico. Según ha señalado, esta carencia de examinadores y personal administrativo está poniendo en riesgo tanto la viabilidad del sector como la movilidad de la ciudadanía.

Asimismo, Lorca ha expuesto distintas propuestas del sector orientadas a la reducción de la siniestralidad vial y a la modernización del sistema de formación y examen.

Un sector en situación límite: “Sin exámenes no podemos funcionar”

Durante su intervención, el presidente de CNAE ha descrito con preocupación la realidad actual de los centros de formación vial. Entre 2011 y 2025, han cerrado 1.424 autoescuelas en España, una tendencia directamente vinculada al conocido “cuello de botella” en las jefaturas de Tráfico, provocado por la falta de examinadores y personal de apoyo.

“Si no hay exámenes, no podemos funcionar. Incrementar el personal no es un gasto, es una inversión que genera actividad económica y retorno para el Estado a través de tasas, impuestos y cotizaciones”, ha afirmado Lorca.

Aunque ha reconocido los avances realizados por la DGT en los últimos años —como la creación de nuevas plazas en la Relación de Puestos de Trabajo y las ofertas de empleo público—, ha advertido de que estas medidas podrían resultar insuficientes debido al elevado número de jubilaciones y bajas previstas.

Uno de los problemas más graves señalados es el retraso en la realización de las pruebas. En algunas provincias, los aspirantes llegan a esperar entre dos y tres meses para realizar el examen teórico, una situación que también se reproduce en la prueba práctica. Esta falta de previsión dificulta la planificación de la formación y afecta directamente a la calidad del aprendizaje.

Además, Lorca ha advertido de las consecuencias económicas y sociales de estos retrasos, en un contexto en el que España sufre un déficit de 25.000 conductores profesionales de mercancías y 5.000 de viajeros. En su opinión, demorar el acceso al permiso de conducir supone un perjuicio directo para la productividad del país.

Apoyo al sector: ayudas para sostenibilidad y renovación de flotas

En su intervención, el presidente de CNAE ha reclamado la puesta en marcha de ayudas específicas para las autoescuelas, destinadas a compensar el aumento del coste del carburante y a facilitar la renovación de vehículos hacia modelos eléctricos e híbridos.

Ha recordado que las autoescuelas desempeñan un papel clave como primer contacto del futuro conductor con el vehículo, lo que las convierte en un agente fundamental para impulsar una movilidad más sostenible.

Propuestas de CNAE para modernizar el sistema y mejorar la seguridad vial

Enrique Lorca ha presentado un conjunto de medidas orientadas a mejorar el sistema de formación y examen, así como a reducir la siniestralidad en carretera:

  • Modelo de examen concertado: CNAE propone estudiar sistemas como el de Portugal, donde conviven modelos público y concertado con garantías de calidad y control.
  • Bolsa de horas extra de examen: una medida temporal para reducir las listas de espera mientras se normaliza la situación.
  • Módulos de sensibilización: desarrollo reglamentario de los módulos de concienciación previstos en la Ley de Seguridad Vial, destacando la importancia de la educación vial frente al simple conocimiento normativo.
  • Formación en carreteras convencionales: establecimiento de kilómetros mínimos obligatorios en este tipo de vías durante la formación práctica.
  • Modelo austríaco de “segunda fase”: incorporación de una formación complementaria tras la obtención del permiso, un sistema que ha contribuido a reducir la siniestralidad en Austria en torno a un 30%.
  • Formación para usuarios de VMP: CNAE considera necesario establecer formación previa obligatoria para el uso de vehículos de movilidad personal.

Desde ARAMUR seguiremos atentos a la evolución de estas propuestas y a las decisiones que puedan adoptarse en el ámbito estatal, dada su especial relevancia para el futuro del sector de las autoescuelas y la seguridad vial.